¿Cuáles son las competencias del Estado en materia de Seguridad Social según nuestra Constitución?
Nuestro régimen público de Seguridad Social es único y unitario para todos los ciudadanos como garantía de la igualdad de todos los españoles. Para garantizar dicha igualdad, la Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, bajo los principios de solidaridad financiera y caja única de titularidad estatal. Esto quiere decir que solo el Estado puede recaudar y administrar los recursos financieros del sistema. Concretamente la Tesorería General de la Seguridad Social recauda las cotizaciones sociales de empleadores y trabajadores cada mes y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (Instituto Social de la Marina para el Régimen especial del Mar) reconoce y paga las pensiones y prestaciones económicas. Por eso, el sistema de pensiones públicas contributivas que existe en España es de base territorial estatal. Por tanto, todo lo relativo en materia de afiliación de trabajadores al sistema de la Seguridad Social, cotizaciones, pensionistas o pensiones, no puede atribuirse a ningún tipo de sistema o programa autonómico ya que las competencias oportunas en estas materias radican íntegramente en el Estado y no en las comunidades autónomas. De esta forma se garantiza la aplicación de criterios de gestión únicos y uniformes en todo el territorio nacional que garanticen la igualdad e impidan la existencia de diversas políticas territoriales de Seguridad Social en cada una de las comunidades autónomas.
Transferir la gestión económica de la Seguridad Social a una determinada comunidad autónoma, vulneraría las garantías constitucionales y rompería por tanto el principio de solidaridad del sistema y el de igualdad de todos los españoles con independencia de donde residan. Esa comunidad autónoma podría aplicar diferentes criterios de gestión por ejemplo, para el reconocimiento de pensiones, subsidios, o criterios dispares en cuanto a la afiliación, altas y bajas del sistema, cotizaciones, etc. Esto conllevaría inevitablemente a desigualdades entre los ciudadanos de unas comunidades autónomas y otras, siendo el fin del Estado de Bienestar que tanto nos ha costado edificar. En este sentido, el Tribunal Constitucional ha advertido en varias ocasiones que el Estado no solo tiene potestad en la regulación jurídica de la Seguridad Social, sino en todas las competencias de gestión y ejecución que garanticen la efectiva aplicación de los criterios unificados de gestión.
¿Qué pasa con la insuficiencia financiera de nuestro sistema contributivo de pensiones?
No es ningún secreto que la demografía de nuestro país evoluciona hacía individuos más longevos, los índices de natalidad son cada vez más bajos, y en los próximos años se empezarán a jubilar los baby-boomers. Estos tres fenómenos amenazan la sostenibilidad del sistema de pensiones en España disminuyendo la ratio afiliado - pensionista (número de cotizantes que respalda cada pensión). Esta insuficiencia financiera del sistema contributivo de pensiones también se ve afectada directamente por otras variables como son la productividad, los salarios y las bases de cotización, así como la evolución de las cuantías medias de las pensiones y la edad a la que nos jubilamos. Ahora bien, en un análisis financiero del sistema de pensiones por comunidades autónomas, nos podemos encontrar con grandes diferencias entre unas regiones y otras. Y es aquí donde se entiende verdaderamente la solidaridad de nuestro sistema de caja única de la Seguridad Social Española. Atendiendo a la ratio afiliados - pensiones que se observa en cada comunidad autónoma, las regiones rejuvenecidas son las que financian a las envejecidas (con independencia de que sean regiones ricas o pobres).
Canarias, por ejemplo, con 2,49 afiliados por pensión financiaría con sus excedentes de cotizaciones las pensiones pagadas, por ejemplo, en Asturias donde hay poco más de un cotizante por cada pensión (relación afiliados-pensiones es de 1,24). Sin embargo, la pensión media de jubilación de las nuevas altas en Asturias es un 28,64% mayor que en Canarias (pensión media mensual en Asturias: 1.283,32€/mes. Pensión media en Canarias: 997,60€/mes).
Lo cierto es que, si se analizan los balances en materia de ingresos por cotizaciones sociales y gastos asociados a las prestaciones económicas contributivas del sistema (incluyendo además de las pensiones, la incapacidad temporal, maternidad, paternidad y otras prestaciones contributivas del sistema) por comunidades autónomas, nos encontramos con una situación nada halagüeña. Prácticamente todas las comunidades autónomas acabaron el año 2022 con un gasto en prestaciones mayor que la recaudación por cotizaciones, todas excepto Madrid, con un superávit de 1.927, 39 millones de euros, seguida a gran distancia de Baleares, 451,68 millones de euros, y Ceuta y Melilla. Por el lado contrario, las comunidades autónomas que encabezan la lista con mayor gasto en prestaciones económicas a diciembre de 2022 son Andalucía, con un déficit de 4.145.83 millones de euros, Cataluña con un déficit de 4.142,16 millones de euros y el País Vasco con un déficit de 3.684,50 millones de euros. En concreto, el País Vasco es una de las regiones más insostenibles de España contribuyendo con un 13,63% al agujero del sistema, cuando su población es apenas el 4,5% del total nacional.
Esta situación, que no hará más que empeorar en la próxima década, conllevará previsiblemente a la financiación del gasto en prestaciones económicas vía transferencias del Estado, como ya se ha hecho en años pasados. Estas transferencias o préstamos millonarios del Estado a la Seguridad Social, no harán más que incrementar la deuda pública de España que se pagará con impuestos de todos los españoles.
¿Qué implicaciones tiene el acuerdo alcanzado por el Gobierno con el PNV?
La transferencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social al País Vasco acordada recientemente por el Gobierno con el PNV, no solo implicará la aplicación de diferentes criterios de actuación en esta región en el control sobre sanciones, inscripción de empresas, recaudación de cuotas, afiliación, altas y bajas etc. También afectará a los criterios de gestión en el reconocimiento de prestaciones. Por ejemplo, el País Vasco podría ofrecer compensaciones a los pensionistas, o bonificaciones en las cotizaciones de las empresas, o encuadrar a un autónomo en el RETA cuando en realidad se trata de un falso autónomo. También podría reconocer una pensión de incapacidad permanente derivada de un accidente de trabajo, que en otra comunidad autónoma no sería definida como tal, es decir sería una pensión derivada de contingencias comunes. Esto supondría diferencias en la cuantía de la pensión, siendo más alta la reconocida por un accidente en el trabajo.
Por supuesto, el acuerdo supondrá no solo la cesión de funcionarios y de recursos del sistema, sino que además se podrán establecer subidas de la masa salariales solo para los empleados públicos del País Vasco. Pero lo más grave será que el déficit de Seguridad Social en la región seguirá siendo sufragado con las cotizaciones de todos los españoles, puesto que nada dice el acuerdo de tener una Seguridad Social propia, autónoma e independiente, sino de lograr los medios económicos, materiales y personales del sistema.