Uno de los temas de mayor relevancia del gobierno estadounidense es la sostenibilidad del sistema de seguridad social americano. En el pasado discurso sobre el estado de la Unión de 7 de febrero, se inició un intenso debate político entre republicanos y demócratas sobre las alternativas para dar solución al pavoroso problema fiscal de los programas de la Seguridad Social (OASDI - Old-Age, Survivors, and Disability Insurance) y el Medicare. Y el asunto no es para menos, según el Informe Anual del 2023 de la Junta de Fideicomisarios del Seguro Social (The 2023 Annual Report of the Board of Trustees of the Federal OASDI Trust Funds) publicado el pasado 31 de marzo, los fondos para los beneficios del Seguro Social se agotarán en el 2034, un año antes con respecto a las previsiones publicadas en el mismo informe el año anterior.
Pero nada de esto es novedoso. Ya el expresidente Clinton, consciente del problema que se avecinaba, a finales de la década de los 90 propuso recabar más fondos, bien con superávits previstos del presupuesto federal o bien gracias a las inversiones de los fondos fiduciarios del Seguro Social en el Mercado de valores, pero estas propuestas no salieron adelante.
El programa OASDI fue creado por el presidente Franklin D. Roosevelt cuando firmó la Ley de Seguridad Social el 14 de agosto de 1935. EI programa comenzó como un modesto esfuerzo para ayudar a los mejores trabajadores durante la Gran Depresión. Hoy ofrece una cobertura casi universal en un sistema de reparto (pay as you go), donde las cotizaciones actuales abonadas al Seguro Social se utilizan para pagar las pensiones actuales. Así, los impuestos a la seguridad social que pagan hoy trabajadores, empleados y autónomos (también llamado impuesto FICA o SECA para los autónomos), se ingresan en el Fondo Fiduciario OASDI y es desde este Fondo, desde donde se emiten los cheques que cobran los beneficiarios de pensiones de jubilación, supervivencia o incapacidad.
La tasa vigente de impuestos al Seguro Social es del 6,2% para el empleador y 6,2% para el trabajador, con un límite de base salarial de $160.200 para el 2023, es decir, este año cada uno paga $9.932,40 como máximo de impuestos al Seguro Social. Las personas que trabajan por su cuenta tienen que pagar ambas partes, es decir, el 12,4% de sus ingresos netos, con el mismo límite $160.200 para el 2023, siendo este año su contribución máxima al Seguro Social de $19.864,80.
En el 2023, se prevé que 180,4 millones de trabajadores contribuirán con sus impuestos a la Seguridad Social para el pago de beneficios a 66,6 millones de personas. Se estima que el gasto en pensiones para el 2023 ascenderá a $1.375 billones americanos en pensiones (en 2022 alcanzó los $1.231 billones) y se recaudará vía impositiva más intereses, en torno a $1.335 billones (en 2022 se recaudó casi $1.222 billones).
Con estos datos ¿es el sistema sostenible? Claramente, ¡no! Así lo confirman los datos actuariales del último Informe de la Junta de Fideicomisarios del Seguro Social. Las reservas del Fondo OASDI se agotarán en el año 2034, pero eso no significa que el Seguro Social deje de existir, solo desaparecerán las reservas que se han ido acumulando desde la creación del Fondo en 1939 (las reservas en el año 2022 descendieron en $22 billones hasta los $2,83 trillones americanos). A partir del año 2034 el Fondo OASDI solo podrá cubrir el 80% de los beneficios de los pensionistas jubilados, viudos, huérfanos y discapacitados.
Cada año que pasa, el gasto en pensiones es cada vez mayor debido a las tendencias demográficas y actuariales. En el año 2035 se estima que la población en EE.UU. alcance los 364,4 millones de personas, 28,4 millones más que en 2022, mientras que la población mayor de 65 años aumentará en 17 millones, llegando a los 75,4 millones de personas en el 2035. Este incremento de la población mayor de 65 años se debe fundamentalmente a la incorporación de los baby boomers a la jubilación. Por otra parte, la esperanza de vida en EE.UU. en el año 2022 fue de 75,1 años para los hombres y 80,3 años para las mujeres, pero está previsto que para el 2035 alcance 77,6 años de edad para los hombres y 82,5 años para las mujeres. La situación se complica aún más con la disminución continua en el índice de natalidad del país, lo que significa que hay menos trabajadores para respaldar los beneficios del Seguro Social. En resumen, la tasa de dependencia de trabajadores con respecto a pensionistas se estima que disminuya en 12 años en 0,4 puntos, pasando del 2,7 en 2023 al 2,3 en el 2035 (2,3 trabajadores por cada pensionista).
Si no se introducen cambios, el sistema acabará con sus fondos de reserva en 11 años. Durante años, legisladores y expertos han debatido propuestas para aumentar las finanzas del Seguro Social. La mayoría de las propuestas se pueden incluir en dos categorías generales: cambiar las políticas de impuestos para dirigir más dinero hacia los fondos fiduciarios o hacer ajustes a la fórmula de beneficios para reducir los costos (o una combinación de ambas).
Conocer la pensión pública que la administración pueda reconocer a un trabajador, es el primer paso para prever la capacidad económica frente a los posibles gastos que se tendrán que asumir, así como desembolsos para emergencias. El segundo paso es diseñar lo antes posible una estrategia de ahorro para completar las pensiones públicas.
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