El presidente Biden firma la Ley de Justicia de la Seguridad Social, eliminando la WEP y GPO

6 Enero, 2025

El presidente Biden firmó, en la tarde del 5 de enero, la Ley de Justicia de la Seguridad Social  (Social Security Fairness Act ). Después de décadas de ardua lucha, esta ley finalmente elimina dos disposiciones: La Provisión de Eliminación de Ganancias Extraordinarias (Windfall Elimination Provision, WEP) y la Compensación por Pensiones Gubernamentales (Government Pension Offset, GPO), que durante años han recortado los beneficios de la Seguridad Social de más de 3 millones de jubilados, entre ellos bomberos, policías, maestros, empleados postales, e incluso expatriados españoles que reciben estos beneficios. Este cambio significativo promete mejorar la calidad de vida de miles de jubilados que han esperado esta victoria durante años.

Eliminación de las disposiciones WEP y GPO

La WEP y la GPO son dos disposiciones separadas que reducen los beneficios de la Seguridad Social de los trabajadores en EE.UU. y sus familiares elegibles si reciben una pensión basada en ingresos de trabajos no cubiertos por la Seguridad Social estadounidense.

Entre los afectados por la penalización de la WEP en los beneficios de la Seguridad Social se encuentran los trabajadores españoles expatriados en los Estados Unidos. Si un trabajador tiene derecho a una pensión española pero ha trabajado menos de 30 años en EE.UU., sus beneficios de Seguridad Social estadounidenses podían reducirse por aplicación de WEP. Esto ocurría porque la pensión española, basada en los ingresos de un trabajo que no estuvo cubierto por el sistema de Seguridad Social de EE. UU. (en este caso, su empleo en España), afectaba el cálculo de sus beneficios en EE.UU. En 2024, la WEP podía reducir los beneficios por jubilación estadounidenses hasta los $587 al mes, resultando en una pensión más baja de la que habría recibido si hubiese trabajado exclusivamente en EE. UU.

Contexto de la WEP

La WEP fue implementada en 1983 como parte de una serie de reformas destinadas a fortalecer la financiación del sistema de la Seguridad Social. Su objetivo principal era corregir una ventaja no prevista o "ganancia inesperada" que otorgaba la fórmula estándar de beneficios de la Seguridad Social a los trabajadores que también recibían pensiones derivadas de trabajos no cubiertos por el Sistema de Seguridad Social americano.

La fórmula original para calcular los beneficios del Seguro Social fue diseñada para beneficiar a los trabajadores que pasaban la mayor parte de su carrera en empleos de bajos salarios, otorgándoles una pensión relativamente más alta en proporción a sus ingresos promedio a lo largo de su carrera, en comparación con los trabajadores con salarios más altos. Sin embargo, esta fórmula no diferenciaba entre aquellos que realmente pasaron toda su carrera en trabajos mal remunerados y aquellos que, parecían  tener salarios bajos porque trabajaron muchos años en empleos no cubiertos por la Seguridad Social. Estos años se consideran como ceros a efectos de los beneficios de la Seguridad Social, incluso aquellos con salarios altos.

De esta manera, según la normativa anterior, los trabajadores que habían estado empleados solo una parte de su carrera en trabajos cubiertos por el sistema, incluso si estos empleos eran bien remunerados, también se beneficiaban de la fórmula ponderada. Esto ocurría porque sus pocos años de ingresos cubiertos se promediaban con toda su carrera laboral, lo que aumentaba la cuantía de sus beneficios. La WEP fue creada precisamente para eliminar esta ventaja, buscando una distribución más equitativa de los beneficios en función de la verdadera contribución al sistema de la Seguridad Social.

La GPO y su impacto en los cónyuges sobrevivientes

Por otro lado, la GPO, creada en 1977, reduce los beneficios del cónyuge o viudo (prestaciones de supervivencia) de quienes reciben pensiones de jubilación por trabajos gubernamentales no cubiertos por la Seguridad Social. Inicialmente, se deducía el 100% de la pensión no cubierta, pero en 1983 se ajustó a dos tercios.Esta medida se implementó tras una decisión judicial que permitió a los hombres acceder a estos beneficios sin demostrar dependencia económica. El objetivo del GPO era evitar pagos excesivos de beneficios "injustificados" a quienes no habían contribuido al sistema de la Seguridad Social.Con la nueva ley, esta disposición ha sido eliminada, restableciendo los beneficios completos de las prestaciones de supervivencia.

Proceso legislativo y apoyo bipartidista

El pasado 21 de diciembre, el Senado aprobó la ley con una votación bipartidista de 76 a 20. Aunque la mayoría de los demócratas y republicanos apoyaron la legislación, algunos legisladores republicanos se opusieron debido al coste estimado de 195 mil millones de dólares en los próximos diez años. Cuatro senadores no votaron: el demócrata Adam Schiff de California; Joe Manchin, independiente de Virginia Occidental; y dos republicanos: Marco Rubio de Florida y el vicepresidente electo J.D. Vance de Ohio. A pesar de esta oposición, la ley fue aprobada, representando un avance crucial tras años de debate y presión por parte de diversas organizaciones.

Implementación y efectos retroactivos

Una vez firmada por el presidente, la ley entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Registro Federal, pero tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024. Los beneficiarios comenzarán a recibir pagos más altos tras la firma, aunque el proceso de implementación podría demorar debido a la falta de personal en la Administración del Seguro Social, que atraviesa una de sus plantillas más reducidas en 50 años.

Un avance crucial para millones de trabajadores

La aprobación de esta ley representa un hito histórico para los trabajadores que se vieron perjudicados por las disposiciones WEP y GPO. Después de más de dos décadas de lucha para eliminar estas disposiciones, finalmente recibirán los beneficios completos a los que tienen derecho, reconociendo así el esfuerzo y la contribución de aquellos que, a lo largo de su vida laboral, fueron injustamente penalizados. Esta legislación restablece la justicia en el sistema de la Seguridad Social de EE. UU., valorando el trabajo de miles de empleados públicos y expatriados que durante años no recibieron lo que les correspondía.

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